La abeja menorquina

Son muchos los que no entienden nuestro trabajo, y otros tantos que envenenan la imagen de la bonita profesión periodística. Quizás, por ello, los demás creen tener suficiente criterio como para manifestar a la ligera y a micrófono abierto cómo debemos hacer nuestro trabajo, sin ningún tipo de pudor y menos conocimiento.

A nadie le gusta que le digan cómo ha de trabajar, y mucho menos un profesional o particular que nada tiene que ver con la profesión. Como si yo le dijera a un médico cómo ha de auscultar a un paciente, lo que le debe recetar, de qué modo ha de diagnosticar. La comunicación es cosa de todos, es inherente al ser humano. Pero no así la profesión de elevar a público un hecho que constituye una noticia.

No quiero ser pedante, pero la libertad de información es un derecho fundamental, uno de los pilares del sistema democrático y constitucional, que debe ser protegido del mismo modo que los tres llamados de la Personalidad: intimidad, honor y propia imagen. No sé qué ocurre en la Isla, pero parece ser que cada vez tenemos más problemas para acceder a la materia prima de nuestro trabajo. Y no le corresponde a nadie que no sea el periodista determinar cuál es la información relevante y cuál no lo es. Tenemos suficiente formación, criterio, experiencia y cinco años de estudio a nuestras espaldas como para saberlo.

Las informaciones de sucesos son, quizás, las más peliagudas, y hay que tratarlas con mucho cuidado y respeto. No se puede jugar con las desgracias, y no es nuestra intención hacerlo. Además de la ética profesional de cada uno, la ley nos lo impide. Pero es el deber de las instituciones públicas facilitar el acceso a la información, para así garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir una información veraz y de relevancia pública. Un deber de común olvido.

La empresa que lleva la comunicación del IB-Salut en Menorca comunicó ayer que no va a facilitar los detalles del estado de salud de los pacientes (víctimas de accidentes, de abusos, lesiones, robos, agresiones) sin pedir el consentimiento previo al interesado, en virtud de la Ley de Protección de Datos Personales. No obstante, sí podrán facilitar las iniciales, la procedencia, y la edad.

Una vez más, personas que no tienen ni arte ni parte en la elaboración de las noticias ponen freno a la redacción de una información de interés público. Cuando ocurre un suceso de estas características, poco importan las iniciales, o la procedencia. Sin embargo, es fundamental conocer la magnitud del hecho, algo que se puede saber -y por lo tanto informar- sabiendo las lesiones que ha padecido la víctima. Al parecer, algunos usuarios de los hospitales se han reconocido a través de sus iniciales y han exigido a la sanidad no facilitar estos datos. Datos que son, precisamente, los que no nos interesan, pero sí nos pueden facilitar. Incongruente.

Cuando damos a conocer las iniciales y el estado de salud de una víctima no lo hacemos para alimentar ningún tipo de morbo y, mucho menos, no violamos ni la intimidad, ni la propia imagen, ni el honor de nadie. Poner trabas absurdas y fuera del sentido común a nuestro trabajo sólo consigue provocar la indignación de los informadores y la redacción de noticias incompletas e insulsas.

Y que no utilicen el pretexto de la Ley de Protección de Datos Personales, porque la ley se ha de cumplir siempre, y no cuando ciertas personas deciden hacerlo, a su gusto. Si hubieran cumplido la ley, no hubiéramos tenido acceso nunca a este tipo de información.

Me consta que esta restricción en cuanto al acceso a la información sólo ocurre en esta Isla. En el resto del archipiélago, los periodistas pueden trabajar con total tranquilidad, y sin la angustiante incertidumbre de no saber si finalmente van a poder hacer su trabajo.

En fin, yo propongo la reflexión. Un saludo.